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Artículo publicado en Milenio.
Autor: Diego Osorno
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El gerente de la mina, Rubén Escudero, aparece detrás de una reja de casi cuatro metros de altura. Del otro lado, ancianos, mujeres y niños aguardan su palabra. Tienen más de 24 horas de estar esperándola. Las mismas horas que sus familiares llevan de permanecer atrapados bajo toneladas de tierra y carbón.

Un tipo con camisa a cuadros, pantalón Docker’s azul, casco minero y la cara recién lavada le carga los papeles al directivo mientras éste habla sobre mecánica de las rocas, barrenos y geología estructural a una audiencia pobre y desvelada que no está nada interesada en aprender de ingeniería metalúrgica hoy, sino en saber si los trabajadores de la mina, su gente, están vivos o no.

Tras 15 minutos de monólogo detrás de la reja, el gerente de la mina y su fresco acompañante, custodiados por una decena de soldados, se despiden de la muchedumbre, dejándola todavía más angustiada.

- ¿Cómo se llama el tipo que le cargaba los papeles al gerente de la mina?, pregunto después a Ioan Grillo, el reportero de AP que junto con decenas de periodistas mexicanos y extranjeros, ha llegado a cubrir esta tragedia.

- No bromees, Diego, no juegues. ¿A poco no sabes que ese es Francisco Javier Salazar, el Secretario del Trabajo de México?, contesta Ioan con un orgulloso acento inglés.

Es el 20 de febrero de 2006 en un pueblito desolado del desierto de Coahuila. Un día antes acaba de ocurrir una explosión en Pasta de Conchos, uno de los centenares de yacimientos de carbón que existen en esta región del norte de México.

Nadie lo sabe todavía, pero este siniestro, terminará por exhibir, desde la miseria en que vivían 65 mineros muertos ese día, hasta la miseria con la que se conducían sus patrones: los directivos de Grupo México, la principal empresa trasnacional minera mexicana.

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“Al principio nos explotaron los españoles, luego vinieron los americanos y ahora nos explotan los mexicanos. ¿Dónde está la dignidad del peruano?”, se queja, Edwin Guzmán Espezúa, un hombre que lleva toda su vida denunciando cómo Southern Cooper Corporation devasta ríos, presas, gobiernos y pueblos enteros en la frontera de Perú con Chile, en el Desierto de Atacama.

La Southern, como le suelen decir Edwin y los demás pobladores de los estados de Moquegua y Tacna, se estableció en territorio peruano en 1954. De ahí en adelante, se ha hecho de dos inmensos yacimientos de cobre, Toquepala y Cuajone, así como de una fundición de cobre en el puerto de Ilo.

El motivo por el cual Edwin incluye ahora a los mexicanos en la lista de los ‘saqueadores’ de la riqueza de su país, es porque a partir de 1999 la Southern empezó a ser manejada por empresarios mexicanos y porque la devastación de ríos, presas, gobiernos y pueblos que volvió tan famosos a los “gringos”, no sólo se mantuvo, sino que aumentó con la llegada de los nuevos patrones aztecas. En cambio, para Grupo México, la adquisición de la Southern, lo ha convertido en el tercer productor de cobre a nivel mundial.

“A nosotros no nos interesa que sea el tercero o el primero del universo, nos interesa que sea responsable. ¿A poco los dueños de la Southern se comportan en México como se comportan aquí en Perú?”, me pregunta Edwin.

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Para no pocos analistas políticos y sociales mexicanos, el siniestro de Pasta de Conchos fue una rémora del pasado colonial minero. De hecho, el modelo laboral del que fueron víctimas los 65 trabajadores muertos parece ser la propuesta de los empresarios mineros para el siglo XXI. Un modelo en el que por arriba del escalafón salarial se contrata personal de confianza, por abajo se subcontrata con otras empresas o con trabajadores “libres”, y por en medio se emplea a trabajadores por honorarios. No, no se trata de una excepción, sino de una regla creciente en las empresas.

Grupo México tenía a dos tercios de los 65 mineros fallecidos, contratados como empleados temporales, al margen de la protección de la relación laboral. Y fue tan grande su “pesar” por esta tragedia, que tuvieron que transcurrir 60 horas para que el consorcio girara un comunicado a la Bolsa de Valores sobre la “prioridad absoluta” que representaban los mineros fallecidos en el accidente. Apenas unas semanas antes, los accionistas del grupo acababan de recibir dividendos por cerca de mil 500 millones de dólares. Los mineros muertos ganaban 547 pesos por seis días de salario.

“¿Cuáles de todos estos factores no siguen mirándose hoy en día en México, o en Perú, o en Chile o en cualquier lado? Lo peor del pasado de la minería está presente hoy en día en América Latina”, me contestó en un mensaje electrónico, el escritor Eduardo Galeano, cuando le comenté del asunto. Vaya que las citas de su setentero libro “Las Venas Abiertas de América Latina”, la denuncia clásica de la ancestral explotación minera a lo largo del continente, siguen siendo vigentes.

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Percy conduce su Toyota como si fuéramos al fin del mundo, como si no fuéramos a volver nunca de donde vamos. Sujeta el volante con casi toda su fuerza, avispa sus ojos una y otra vez, tiembla delicadamente cuando uno de esos aires andinos se cuela por el espacio imposible de cerrar de la ventana que está a mi lado, pero sobre todo, Percy suele interrumpir el silencio del viaje para comentar: “Aquí no es Tacna, ni Moquegua, ni Perú: aquí es el fin del mundo”.

No es su perorata lo extraordinario del traslado, sino la manera en que motor del viejo coche japonés escala dignamente 4 mil 500 metros de altura a los que se encuentra Huaytire, el sitio hacia el que vamos.

¿A qué se puede venir acá? Huaytire está entre la Cordillera de los Andes y el Desierto de Atacama. Viven unas 30 personas que se dedican al pastoreo de alpaca. Los 10 y 20 grados bajo cero que marca el termómetro varios meses del año, hacen verdaderamente inhóspito este sitio.

De hecho uno se pregunta al llegar: ¿Por qué existe Huaytire si vivir aquí parece un auténtico desafío?

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El Tribunal Internacional del Agua sancionó a la Southern, en 1992, por el vertido de relaves industriales de su fundición en las playas de la ciudad de Ilo. Durante varias décadas, a lo largo y ancho de 300 kilómetros cuadrados, camiones de la empresa acudían a tirar las escorias a un lado del mar, sin que nadie les dijera nada. Quince años después, basta caminar un poco por la zona para darse cuenta de la permanencia del daño.

Como consecuencia de esta sentencia de carácter moral, a mitad de los noventa, la empresa decidió construir un sitio especial para tirar la basura industrial y ya no usar la bahía para ello. Posteriormente, en 1997, el Gobierno de Alberto Fujimori –ante la presión social- obligaría a la empresa a firmar un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental.

A partir de ese momento, la Southern, entonces propiedad de empresarios estadunidenses, agilizó el proceso de modernización de la fundición de cobre, comprometiéndose sobre todo a acabar con las emisiones al aire de nubes de ácido sulfúrico que solían cubrir las casas de Ilo por las mañanas.

Sin embargo, luego de que la empresa fue adquirida por Grupo México en 1999, los nuevos propietarios comenzaron a detener el proceso de modernización y a principios de 2004, a través de su representante legal, Hans Flury, presentaron un recurso formal para retrasar hasta el 2007 la fecha de cumplimiento del programa ambiental.

El gobierno de Alejandro Toledo, no tuvo problema en otorgar el plazo a la empresa. Quizá porque en los meses siguientes a la solicitud de Grupo México, el propio Hans Flury, sería nombrado Ministro de Energía y sería él mismo quien otorgaría el visto bueno a la solicitud promovida por él mismo cuando trabajaba para la Southern.

“Las empresas mineras entran y salen de los ministerios como si estuvieran en sus casas”, me dijo Juan Zuñiga, quien hasta el 2006, fue Consejero Regional del gobierno de Moquegua, donde la Southern tiene la mina de Cuajone. Y es que Hans Flury, después de ser encargado legal de la minera mexicana y luego ministro del ramo, regresó a trabajar para la empresa, sin que ninguna autoridad tuviera la suspicacia de un posible tráfico de influencias. Hoy Flury sigue trabajando para Grupo México.

La prolongación de las mejoras en la fundición de la Southern, desató protestas y marchas de grupos civiles en contra de la presencia de la compañía mexicana. “La población, se vio obligada a romper su tradicional calma el tres de octubre del 2003, al acatar un paro de 48 horas, exigiendo el cumplimiento de la modernización de la Fundición de cobre y la aplicación de medidas de compensación y mitigación para la población afectada por más de 40 años de contaminación generada por la minería”, dice Edwin Guzmán, integrante de la organización Labor, la organización civil que ganó el juicio contra la Southern en el Tribunal Internacional del Agua, en 1992.

Durante los años siguientes, se instaló una mesa de diálogo, hubo manifestaciones y se desató una batalla de declaraciones entre los pobladores organizados y la compañía mexicana. Así, el 14 de septiembre de 2006 la empresa debía anunciar su compromiso de indemnizar a la comunidad por más de 40 años de dañar la salud y al medio ambiente. Sin embargo, en esa fecha, lo que anunció la Southern fue que no habría pago por contaminación minera.

Cinco días después, centenares de habitantes de Ilo enfurecidos con la noticia, marcharon y bloquearon la línea del tren usada por la Southern para sacar de Perú el cobre extraído del subsuelo. Oswaldo Luque, uno de los dirigentes del movimiento que empezaba a organizarse como Frente Amplio, iba hacia la ciudad a participar en las manifestaciones cuando fue detenido por la policía. Esto aumentó las protestas y más de un millar de personas comenzaron a caminar rumbo al centro policial donde estaba detenido Luque.

Durante casi una hora, pobladores y policías se enfrentaron con piedras, palos y bombas de gas lacrimógeno, hasta que por fin quedó en libertad el opositor a la Southern. “Ilo estaba a punto de la insurrección”, dice Alejandro de León, un ingeniero eléctrico que forma parte de la comisión de diálogo. El actual Primer Ministro peruano, Jorge Rodríguez, tuvo que viajar en los días siguientes al puerto para reunirse con los pobladores y pedirles calma.

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El domingo 19 de febrero de 2006 estalló la mina Pasta de Conchos. Los 65 trabajadores que pasaban hasta 10 horas diarias buscando carbón bajo tierra, murieron en la explosión.

Durante la semana siguiente los medios de comunicación nacional e internacional dieron un estridente seguimiento a la tragedia. La posibilidad, remota pero atractiva mediáticamente, de que algunos mineros hubieran sobrevivido y pudieran encontrarse atrapados bajo la tierra, aseguraba no pocos puntos de raiting a las televisoras.

Un año después, 63 de los cuerpos permanecen todavía enterrados y sus esposas aún esperan poder darles sepultura. A pesar de las evidencias de que hubo negligencia oficial y empresarial para atender las fallas de seguridad en la mina, no hay un solo responsable tras las rejas.

Pasta de Conchos no sólo enlutó una región pobre. También detonó una guerra silenciosa entre las elites económicas y políticas de México. Los sucesos de la Mina No. 8 desataron enfrentamientos entre Grupo México, bastante cercano al gobierno federal en turno, y Altos Hornos de México, un consorcio vinculado políticamente con el poderoso ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Ante la inminencia de las elecciones de julio de

2006, dos de los tres principales partidos políticos, el PRI y el PAN, intentaron sacar raja política de la tragedia. El primero, enfocando los cuestionamientos a la incapacidad —indudable— de la administración panista de Vicente Fox para manejar la crisis, y el segundo, culpabilizando al dirigente del sindicato nacional minero, un auténtico bon vivant creado en la cultura priísta, de lo ocurrido.

En medio de todo este cúmulo de conspiraciones y conflictos, Pasta de Conchos provocaría, en lo evidente, el único paro nacional que un sindicato mexicano haya realizado con relativo éxito desde 1959, cuando los ferrocarrileros protagonizaron un sinnúmero de marchas y plantones.

Para tratar de desviar las severas críticas e indignación en su contra por la muerte de los 65 trabajadores, el Grupo México, con la complicidad del gobierno federal, organizó una campaña mediática y legal en contra del líder de los trabajadores mineros, Napoleón Gómez Urrutia, acusándolo de la desaparición de 55 millones de dólares de los fondos del sindicato.

El apoyo oficial fue tal que, la Secretaría del Trabajo desconoció a Gómez Urrutia como dirigente del sindicato minero y le dio el reconocimiento a Elías Morales, un sindicalista expulsado de la organización tiempo atrás, y al cual detestaban muchos trabajadores, por sus posiciones cercanas a los consorcios mineros, en especial a Grupo México.

La trama de esta conspiración, perceptible desde un principio, quedó suficientemente clara meses después, cuando el nuevo gobierno federal denunció la falsificación de firmas en documentos oficiales para lograr la destitución de Gómez Urrutia, quien así logró ser restituido como dirigente en abril de 2007, pero no exonerado por el desvío de 55 millones de dólares del fondo minero, por lo que habría de mantenerse refugiado por Steel Workers en Vancouver, Canadá.

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Un conflicto político y social estalló entonces en México. Las escenas se agolparon: la industria metalúrgica del país —la cuarta en importancia— se paralizó generando pérdidas millonarias; los mineros defendieron su huelga con piquetes; hubo marchas de protesta protagonizadas por distintos sectores de la sociedad, en muchas de las ciudades importantes; en Lázaro Cárdenas, Michoacán, los policías federales fueron vencidos con hondas y balines de acero por trabajadores; en Sonora, Guerrero, Zacatecas y San Luis Potosí hubo trifulcas en minas de oro y plata; el secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, acusó a los trabajadores fallecidos en Pasta de Conchos de drogarse; el sindicato minero acabó con dos líderes -uno sin reconocimiento del gobierno y el otro sin reconocimiento de las bases - y como colofón histórico, en medio de todo, se conmemoraba en el país el centenario del alzamiento minero de Cananea, aquél que diera pie a la Revolución Mexicana de 1910.

Por entonces el país vivió un debate —efímero aunque fundamental— sobre las precarias condiciones laborales de los trabajadores de la minería, así como de las anquilosadas prácticas sindicales y empresariales del país. Como reportero, me tocó dar seguimiento directo a la tragedia de Pasta de Conchos. Durante un mes viví en San Juan de Sabinas, Coahuila. Asimismo, viajé en fechas posteriores a diferentes minas de San Luis Potosí, Sonora y Coahuila, donde hice reportajes y crónicas sobre las huelgas mineras.

También estuve en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el día en que la Policía Federal Preventiva y las policías estatales y municipales intentaron desalojar a los trabajadores de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, quienes tenían bajo su control las instalaciones de una siderúrgica conocida como Las Truchas. Dos mineros murieron durante esos enfrentamientos. El país estaba convulsionado.

“Todo lo que pasó, todo el conflicto fue provocado por Grupo México, porque quería vengarse de que al tercer día de lo sucedido en Pasta de Conchos, dijimos como sindicato que eso había sido un homicidio industrial”, me dijo Napoleón Gómez Urrutia, vía telefónica desde su escondite en Vancouver, Canadá.

“Grupo México tiene un poder inmenso, su impunidad es tal que ya pasó un año de la tragedia de Pasta de Conchos y después de que la empresa provocó una crisis nacional no se ha procedido contra nadie, ni siquiera por lo que sucedió en Pasta de Conchos. Eso es tener poder”, denunció Gómez Urrutia, quien vaya que sabe más de los asuntos del poder que del arduo trabajo minero. Su padre, el poderoso Napoleón Gómez Sada, fue quien le heredó el control del sindicato nacional minero, unos días antes de morir y sin importar que su descendiente conociera mejor los restaurantes exclusivos de Monterrey, que las minas de Durango.

Pero no era ese el poder al que se refería Gómez Urrutia, sino al de los ex secretarios de Estado que han trabajado al servicio de la compañía minera, como Jaime Serra Puche, primero secretario de Comercio y luego de Hacienda entre 1988 y 1994; Carlos Ruíz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes durante el gobierno de Ernesto Zedillo; y Luis Téllez Kuenzler, ex secretario de Energía y titular de la secretaría de Comunicaciones y Transportes en el gobierno actual de Felipe Calderón Hinojosa.

De igual forma, aunque de manera mucho más discreta, uno de los principales consejeros de Grupo México, Gilberto Pérezalonso Cifuentes - quien también fue director de la Southern - llegó a participar como tesorero de la Fundación Vamos México, el polémico organismo creado para impulsar una fallida campaña presidencial de Martha Sahagún, la esposa del ex Presidente Vicente Fox Quesada.

Juan Rebolledo Cout, uno más en la lista de tantos funcionarios influyentes que terminaron como empleados de Grupo México, me concedió una entrevista en sus oficinas de la Ciudad de México, unos meses después del siniestro de Pasta de Conchos

- ¿Qué opinión tiene del oficio del minero?, le pregunté.

- El minero no es un obrero, es una cosa muy especial. Es una persona que tiene una vinculación muy especial con la tierra, de la manera que no la tiene el agricultor u otros. El grupo de los mineros es especialmente recio, especialmente con un temple muy, muy, muy especial, muy fuerte y en ese sentido muy amigable. Y hay una hermandad verdaderamente impresionante entre mineros. Esa es una parte, por otra parte, la minería ha sido uno de los corazones en la historia del país.

- ¿Está bien valorado el oficio del minero?

- ¡No, nada está bien valorado! La construcción no está bien valorada, la industria del vestido no está bien valorada. A mí me preocupa cuando me dicen esta línea de razonamiento, porque el país no es muy desarrollado, si no seríamos como Estados Unidos o Finlandia, pagaríamos sueldos como Estados Unidos y Finlandia.

Después de esta charla con el antiguo secretario privado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari y actual Vicepresidente de Relaciones Internacionales de Grupo México, comprendí que quizá lo único bien valorado del mundo minero era el oficio de directivo. O el de patrón: Germán Larrea Mota Velasco, el principal accionista de Grupo México, posee según la revista Forbes, una fortuna personal valuada en más de 1 mil millones de dólares.

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Por fin llegamos a Huaytire. Todas las casas, con las paredes tristes y la pintura deshaciéndose, tienen la puerta cerrada. Hace buen tiempo en el famoso Huaytire: dos grados bajo cero. A simple vista, parece un pueblo abandonado, el set donde se rodó alguna una película muchos años atrás.

Por la ventana de una de las casas, un ojo se asoma después de que Percy cierra con fuerza la puerta del toyota, buscando refugiarse del frío y de la sensación de soledad que hay. El ojo sigue viendo por la cortina. No parpadea ni sugiere nada. De hecho, ¿qué puede sugerir un ojo en medio de la nada? Si acaso hubiera dos ojos recibiéndonos en Huaytire, ya tendríamos una mirada y con una mirada ya podríamos saber si somos bienvenidos o no. Pero este único ojo no sugiere nada.

- ¿Qué desean?, irrumpe de repente una voz desde el interior de la casa donde el ojo nos vigila.

- Somos periodistas, venimos a ver lo del problema…

Al fin una puerta se abre en Huaytire y tras ella encontramos a un hombre que nos invita a entrar a la casa. No lo sabíamos pero esta construcción donde merodeamos es la oficina de gobierno, tienda y especie de restaurante del pequeño Huaytire. Aquí está el profesor, el líder, el alcalde y una cocinera. Casi todo lo que andábamos buscando.

Venimos acá, porque los Presidentes de dos provincias de Perú estuvieron a punto de declararse la guerra a principios de 2007. “Huayitire es moqueguano”, dijo a la prensa, Jaime Rodríguez, Presidente del gobierno de Moquegua. A los pocos días, Orozco, Presidente de Tacna, aparte de hacer declaraciones en el mismo sentido, realizó días después una histórica visita a Huaytire y llenó de banderas amarillas este solitario caserío.

En este alejado lugar hay una presa cien veces más grande que el pueblo. Se llama la laguna de Suche y desde hace tiempo la Southern de Grupo México necesita toda esa agua para lavar el cobre extraído de los yacimientos minerales cercanos.

Algunos negocios de la familia de Jaime Rodríguez, el Presidente de Moquegua que ha iniciado “la lucha de Huaytire”, son proveedores de la Southern y de acuerdo con denuncias de los adversarios políticos, la empresa de origen mexicano financió parte de su campaña electoral.

“Ellos no quieren a Huaytire, ellos quieren el agua de Huaytire para dársela a la Southern”, asegura Hugo Ordoñez Salazar, el presidente de Tacna, el estado donde histórica y oficialmente se encuentra Huaytire.

Jorge Lora Cam, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y de Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, le ha seguido la huella a Grupo México desde que estudiaba su doctorado en sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sobre todo a sus operaciones en Perú, el país donde nació.

En una investigación titulada “Trasnacionales mineras y ecocidio en Perú”, Lora Cam, asegura que Grupo México continua con las mismas políticas de las trasnacionales norteamericanas que destruyen la naturaleza y quiebran la sociedad, inventando pretextos y comprando funcionarios y políticos para evitar realizar inversiones que detengan la contaminación de los humos o los venenos que llevan los relaves y escorias a ríos, aguas subterráneas y al mar.

“Ahora se pelean por nosotros, pero no es por nosotros, es por el agua, por el lago. Eso lo sabemos, ahora somos menos ignorantes”, dice el alcalde Erasmo Flores Cóndor, una vez que nos hemos sentado a charlar, teniendo de fondo una pequeña ventana por donde se alcanza a ver una punta nevada de la Cordillera de los Andes.

“La Southern viene y nos da caramelitos como los aparatos viejos de sus oficinas, los desechos, y nos dicen que somos de Moquegua. Ellos quieren que seamos de Moquegua, pero sabemos que somos de Tacna.”, dice el hombre que representa a la comunidad.

“Moquegua hace propaganda pero no tiene base legal”, lo interrumpe Edgar Chambilla Mucho, el profesor enviado por el gobierno de Tacna para trabajar en la comunidad. “No se pueden quitar las riquezas, así porque sí, porque los mexicanos quieren nuestro cobre y nuestra agua para hacerse más ricos. Dígame usted: ¿cuándo vamos a ver nosotros acá en Huaytire uno de esos aparatos spot (I –pod) que se hacen con nuestra riqueza? Que ya se conformen con lo que tienen, que no nos vengan a provocar disturbios a Huaytire nada más porque quieren el agua del Lago Suche. No, no, no. Que no le busquen porque puede haber hasta guerra”.

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Regresé un año después a Pasta de Conchos. Ya no había nadie del otro lado de la reja detrás de la cual se refugiaban directivos y funcionarios. Tampoco estaban los soldados custodiando las instalaciones privadas, ni las unidades satelitales de los canales de televisión ansiosos de raiting, ni los periodistas buscando historias trágicas, ni los curas pidiendo resignación a los deudos, ni los políticos haciendo campaña para algún cargo, ni nadie, absolutamente nadie.

Antes de anunciar la suspensión de las tareas de rescate de los restos de los 65 mineros muertos, Grupo México apenas pudo entregar los cuerpos de dos de ellos a sus respectivas familias.

El luto se percibía infinito en los desolados pueblos de la región. La indignación también.

(Reportaje publicado por la revista Gatopardo)

diego.osorno@gmail.com