¿Es el canon una pesadilla?
Por Jorge Chávez Álvarez para El Comercio
Entre 2004 y 2007 los recursos del canon minero subieron de S/.346 millones a S/.3.868; un aumento jamás soñado de dinero fresco para invertir, que ha desbordado las arcas de muchos municipios pobres del Perú. Como ejemplo, en el 2007 la municipalidad distrital de Ilabaya en Tacna recibió S/.139 millones, la de Torata en Moquegua S/.64 millones, San Marcos en Áncash S/.211 millones, Baños del Inca y La Encañada en Cajamarca más de S/.40 millones cada cual, y Antauta, Ajoyani y Ñuñoa en Puno entre S/.4 y S/.6 millones cada una.
En estas y otras localidades el canon es como un sueño hecho realidad; un mito transformado en oportunidad para salir de la pobreza. Sin embargo, hay al menos tres razones para temer que el sueño se vuelva pesadilla: (i) La brecha entre fondos disponibles y capacidad de gestión municipal para usarlos en inversiones de impacto local sostenible; (ii) la brecha entre las expectativas generadas en la población y su capacidad para hacer escuchar su voz y dialogar democráticamente con la autoridad edilicia; y (iii) la brecha entre el poder insospechado del alcalde y su escasa cultura democrática y de rendición de cuentas.
La primera brecha tiene un efecto paralizante. A falta de capacidad de gestión, los gobiernos locales tienden a mantener los recursos del canon estacionados en una cuenta bancaria ganando un bajísimo interés, o a gastar con gotero en proyectos pigmeos de corte tradicional, como el arreglo de pistas, veredas y jardines.
La segunda y tercera brechas tienen un efecto convulsivo. La población espera mucho, el alcalde no da nada y encima no escucha; ergo, ’se está robando la plata’. Puede que no escuche porque no quiere escuchar o se crea un cacique que decide por designio divino. Pero puede también que no escuche porque sencillamente la población no sabe hacerse escuchar y el propio alcalde tampoco sabe cómo escuchar; no hay un puente tendido entre ambos. Tales escenarios nos colocan ante un caldo de cultivo de convulsiones explosivas, de linchamientos como el del alcalde del distrito de Ilave en Puno, o de intentos de revocatoria injustificados. ‘Al ladrón’ gritan señalando al alcalde, para tumbarlo, sentarse en su sillón y poder así meter mano a sus anchas en las arcas del pueblo.
El común denominador del ‘alcalde cacique’ y el ‘alcalde del puente roto’ es un clientelismo y paternalismo que los impulsa a gastar en miniproyectos efectistas y grandilocuentes, antes que en proyectos que atiendan las necesidades básicas de la población. Ellos preferirán un nuevo edificio para la municipalidad, una nueva plaza de armas, la estatua de la virgencita tamaño gigante o el coliseo, antes que dotar de agua potable y electricidad a las viviendas, o mejorar la atención de las postas médicas, la enseñanza primaria, mantener un camino, etc.
¿Cómo evitar que estas brechas vuelvan el hermoso sueño inspirado por el canon en pesadilla? La primera brecha se cerrará solo induciendo la aplicación de buenas prácticas en la manera de gestionar los recursos de inversión y además, cambiando la actual cultura burocrática orientada al ornato por una cultura corporativa de desarrollo local integral.
La segunda y la tercera brecha se cerrarán creando un puente institucional entre la autoridad edilicia y la población, que ayude a la sociedad civil y sus representantes ante el Consejo de Coordinación Regional, el Presupuesto Participativo y su Comité de Vigilancia, a ejercer su rol de vigilancia ciudadana premunidos de información oportuna y didáctica sobre los ingresos del canon y su uso, así como sobre la calidad de los servicios municipales.
Felizmente, ambas soluciones vienen siendo encaradas en Áncash, Cajamarca, Moquegua, Puno y Tacna, con el soporte técnico de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial. En esos departamentos, entidades prestigiosas de la sociedad civil han dado nacimiento a una unidad de monitoreo de la inversión municipal denominada MIM (Mejorando la Inversión Municipal), conformando así la Red MIM Perú. Cada MIM promueve la efectiva rendición social de cuentas de las autoridades municipales, como medio para mejorar la gestión de la inversión municipal y su impacto en el desarrollo local. Y lo hace impulsando el diálogo entre ciudadanía y gobierno local, con aceptación de los propios alcaldes de los municipios monitoreados, con quienes firma un convenio de cooperación.
Todas las entidades públicas y privadas deben apoyar sin reparos este esfuerzo desde la sociedad civil orientado a fortalecer la rendición social de cuentas y, de paso, vacunarnos contra la parálisis edilicia y la convulsión social que acecha a la vuelta de la esquina, amenazando con la destrucción de vidas e instituciones democráticas.
