¿Son concebibles gobiernos regionales sin gerencias?
Por Juan Paredes Castro para El Comercio
Contra la alerta potencial del ‘arequipazo’ de la época de Toledo, el ‘moqueguazo’ de las últimas semanas viene a confirmar la terquedad oficial, de arriba hacia abajo, de no querer invertir en gerencias públicas ágiles y modernas.
Esta conclusión dramática vale tanto para el Gobierno Central como para los gobiernos regionales y municipales, cuyas gestiones siguen mostrando su peor condecoración al presupuesto público: no saberlo gastar. Y justo cuando hay más dinero disponible y sobrante que en cualquier otro tiempo.
¿Acaso Jorge del Castillo no ha hecho en las últimas 48 horas otra cosa que gerenciar con éxito una solución salomónica para salir de la crisis impuesta por el ‘moqueguazo’?
En efecto, el primer ministro terminó haciendo lo que podía haber hecho hace mucho tiempo la oficinita que hoy queda del Consejo Nacional de Descentralización que manejaba Luis Thais y que fuera simplificado para entregárselo a un militante aprista, Rodolfo Raza, que, como era previsible, no supo qué hacer con el organismo.
El convencimiento del gobierno aprista de disolver al final el CND debió llevarlo a pensar en una gerencia-bisagra dotada de todas las capacidades para articular precisamente las necesidades y los humores regionales con las disponibilidades de atención y servicios del Gobierno Central.
Si hay algo que rescatar de las “Recetas del perro del hortelano” del presidente Alan García es justamente la necesidad de imponer gerencias allí donde el gasto público es ineficaz o nulo y allí donde se requiere redistribuir mejor los ingresos por el canon minero, para citar un ejemplo. Pregúntese la gente de Áncash si el presidente regional César Álvarez puede gestionar exitosamente los millonarios ingresos que percibe de Antamina y Barrick con la gerencia general que tiene, que es la expresión chata y mediocre de muchas administraciones regionales, empeñadas en entregar el control de sus cuentas corrientes bancarias a manos inexpertas y cuando no también corruptas.
Si por cada paro que convoca, Álvarez pusiera a trabajar a su lado a un gerente competente, terminaría por mostrar obras concretas y beneficiosas antes que calles desempedradas y violentas.
Con todos los diagnósticos que nos sobran acerca de las condiciones de pobreza y desigualdad, pero igualmente acerca de los millonarios ingresos por canon minero, tendría que darse una ley urgente que obligara a los gobiernos regionales a contratar, por concurso, gerencias competentes que respondan por objetivos y resultados.
Sería una manera de garantizar una gestión óptima, junto al destrabamiento burocrático del flujo de desembolsos e inversiones.
